Presupuestos y Género

La asignación Presupuestaria y la lucha contra la Violencia de Género
UNIFEM

La violencia de género es un tema que tiene que convertirse en una de las prioridades más importantes de los gobierno del país ya que es un problema con graves implicaciones sociales, psicológicas, físicas, emocionales y económicas para las víctimas, sus hijos/as y el agresor.

En el caso ecuatoriano, los datos de violencia contra la mujer son alarmantes ya que al menos 30,9% de las mujeres entre 15 y 49 años sufrió algún tipo de violencia antes de cumplir 15 años, mientras en las mujeres alguna vez casadas o unidas, 31% sufrió violencia física de parte de su pareja, 40,7% violencia psicológica y 11,5% violencia sexual (Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil).

En el Ecuador la Ley 103 contra la violencia a la Mujer y la Familia “tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer y los miembros de la familia, mediante la prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar”. Sin embargo, el cumplimiento sólo se focaliza en la denuncia y sanción a los/as agresores/as.

La Ley 103 y el Presupuesto Mientras que en países como México el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2005 aprobó 357,8 millones de pesos para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, y dar seguimiento a los feminicidios, en El Ecuador, la Ley 103 no tiene asignados fondos propios y no hay un presupuesto específico para apoyo a los servicios ofrecidos por la Ley (denuncia, investigación, sentencia). De igual forma no es posible identificar gastos de todas las Instituciones que intervienen en la administración de la Ley, por la dispersión existente en la prestación de servicios.

En el 2006, se estima que US$ 989 mil se emplearon con este fin, de los cuales el 99% de los gastos fueron asignados al pago de funcionarios y solo 1% para gastos de bienes y servicios, lo que significa 16 centavos de dólar por denuncia. Esta falta de apoyo presupuestario a la administración de justicia, ha hecho que en el 2005 solo un 10% del total de denuncias hayan tenido una resolución. De la misma manera, la falta de presupuesto hace que sólo existan 31 Comisarías de la Mujer y la Familia (CMF) funcionando en 17 provincias del país a pesar de existir, en la ley , los decretos que estipulan la conformación de CMF en todas las provincias. En Cotopaxi, Napo, Morona Santiago y Galápagos no existen CMF.

Como parte de la responsabilidad por erradicar la violencia de género en el país , considerado una violación a los derechos humanos, el 10 de septiembre de 2007, Rafael Correa firmó un Decreto Presidencial, según el cual "la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres pasa a ser una política de Estado con enfoque de Derechos Humanos" y, para ello, se ha creado un Plan Nacional en el que se asigna a esta problematica un presupuesto de US$ 2 millones para este año 2007, el cual aún no ha sido desembolsado de las arcas fiscales.

Importancia de la asignación presupuestaria en la lucha contra la violencia de género

La existencia de una asignación presupuestaria para la lucha contra la violencia de género es fundamental, ya que el presupuesto es primordial para medir el cumplimiento de las leyes y programas y conocer los obstáculos en la implementación de los mismos. En este sentido, la asignación de recursos económicos es esencial para que los compromisos en contra de la violencia de género se lleguen a materializar.

Por lo tanto, es necesario destinar dinero público suficiente para alcanzar este objetivo, pues si el presupuesto no contempla recursos para esta lucha, los esfuerzos por erradicar la violencia de género puedan fracasar. Todo este panorama implica la necesidad de que los gobiernos asignen una partida presupuestaria específica para lograr erradicar este problema, dinero que deberá ser destinado a promoción, educación y campañas para la prevención y erradicación de la violencia de género tratamientos a victimas etc., y no solo a la denuncia y sanción a los/as agresores/as.

De igual forma, se necesita el compromiso de las instituciones involucradas en la problemática como las Comisarías de la Mujer y la Familia, la Comandancia de Policía, la Policía Judicial, la Dirección Nacional de Género, Comisarías, Intendencias y Tenencias para cambiar los presupuestos fragmentados y descoordinados que mantienen en la actualidad por presupuestos organizados y transparentes que permitan obtener datos desagregados de los recursos y gastos que implica la ejecución de la Ley 103.

De este modo se conozcerá si realmente cumplen con su responsabilidad, y cuánto, del presupuesto general del Estado, deberá destinarse para cumplir con los compromisos asumidos por el gobierno ecuatoriano en su interés de luchar en contra de la violencia de género. Para más información no dude en visitar nuestra página web: www.presupuestoygenero.net